El Oráculo

El 4 de Diciembre de 2010 el Gobierno del Reino de España, también socialista, promulgó el Real Decreto 1673/2010, ratificado por el entonces Jefe del Estado Juan Carlos I en la embajada de España en Buenos Aires, de viaje tal y como ahora parece estarlo, aunque en el interior de sí mismo o quien sabe si recluido bajo sutil fuerza, el ahora Jefe del Estado Felipe VI. Arrancaba así el citado Real Decreto:

El artículo 19 de la Constitución española reconoce a todos los españoles el derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional. Dicho derecho está igualmente reconocido a todas las personas en los Tratados y Convenios Internacionales de los que España es parte.”

Nada más y nada menos.

A continuación, sin más sustento que una ley franquista que, al parecer, había sobrevivido milagrosamente a la derogación constitucional, aquél gobierno socialista, sometió a la jurisdicción militar a los controladores aéreos. Y como, en aquellos ahora tiernos años, aún conservaba cierta inocente credulidad, formulé denuncia ante el Tribunal Supremo contra el Presidente del Gobierno y demás miembros del Consejo de Ministros.

No estaba yo iluminado por una sobrevenida sabiduría jurídica, sino que doctores del derecho muy reputados consideraban que en aquél decreto concurrían indicios bastantes de ilegalidad. Este era el caso, entre otros, de Roberto Blanco, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, Javier Corcuera de la del País Vasco, Enrique Álvarez de la Rey Juan Carlos, o José A. Portero Molina de la de La Coruña.

Resulta espeluznante lo frágil que es la memoria de los pueblos y de las personas cuando se pueblerizan. Y mucho más aún las querencias de determinados grupos, partidos o partidas políticas por la conculcación de las libertades constitucionales bien sea para defender la de libre circulación entonces o la salud conculcando la libre circulación ahora.

De aquellos polvos, en los que la sociedad en su conjunto, acompañada cuando no liderada por las más altas instituciones, aplaudía el liberticidio, hemos llegado a estos lodos en los que esa misma sociedad que justificó el atropello totalitario contra unos pocos ciudadanos justifica hoy su propio encarcelamiento colectivo bajo el amparo de la misma farsa legal. En 2010, un gobierno socialista conculcó los derechos constitucionales de una minoría de españoles convertidos en objeto de linchamiento mediático. Hoy, otro gobierno socialista conculca el derecho a “la libre circulación por todo el territorio nacional” de todos los españoles. Mañana, el mismo o un nuevo gobierno colectivizador y totalitario conculcará todos los derechos constitucionales de todos los españoles poseídos por el espíritu de los súbditos de Fernando VII, que gritaban con entusiasmo de balcón “vivan las caenas”.

Una vez conocida la respuesta del alto tribunal a mi denuncia, no pude por menos que plasmar mis primeras sensaciones en un escrito que, tras haber perdido todo atisbo de fe en el sistema, mantuve incógnito y ahora reproduzco tal y como vio la luz de la clandestinidad.

Cuanto menos democrática es una sociedad, más se parecen sus leyes a los oráculos. No importa la literalidad de la Ley, muchas veces salvajemente clara y unívoca, esta siempre queda postergada a la interpretación de los sacerdotes o, en casos de urgente gravedad, directamente por el rey. Teniendo oráculos, vayan leyes donde quieran, dicen los príncipes ilustrados. Con el calor de la jurisprudencia se estira el hierro de la Ley y aún se rompe para luego solidificar en la forma que las diestras manos del herrero determinan.

La respuesta del tribunal Supremo a la segunda denuncia en la que, siguiendo el consejo de tan alto tribunal, se detallan los hechos, no es sólo escandalosa desde el punto de vista jurídico, sino que adjunta un innecesario insulto a la inteligencia. El alto Tribunal no aclara si en base al artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, se abstiene de todo pronunciamiento sin más trámite porque los hechos no revisten carácter de delito o porque la denuncia es manifiestamente falsa. El oráculo (jurídico) se contradice con la verdad “llana” (y periodística), que ya se sabe que no tiene porqué coincidir con la verdad judicial sin que (en España y otros lares de semejante pelaje) deba nadie temer por lo que ese mismo artículo 260 dice al respecto “sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran (el tribunal o funcionario) si desestimasen aquélla (denuncia) indebidamente”. Pero esta contradicción del breve y enigmático oráculo no es lo más importante del mismo por cuanto forma parte del amplio y merecido descrédito del que goza (literalmente, porque no parece ofenderle) la justicia entre el pueblo de las verdades mundanas o periodísticas. Hay, como en todos los oráculos, una clave oculta, mistérica, apenas señalada por unas pocas palabras que, si no supiéramos que nos encontramos ante un oráculo, pasarían desapercibidas. Dice el Tribunal Supremo en su (providencial) providencia: “Por recibido el anterior escrito que remite D. RAFAEL ORTIZ GARCÍA, en el que dice formular denuncia contra el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno y demás miembros del Consejo de Ministros“.

No es en las dictaduras de derecho o de hecho contemporáneas donde debemos buscar el significado y posterior sentido del oráculo providencial, sino en los pretéritos tiempos medievales (por no andar más lejos, hasta el alba de la civilización). España anda con un pié en el medievo y, el otro, espatarrada sobre el abismo del tiempo, en la actualidad formalmente democrática.

¿Qué significa “dice formular denuncia”? Interpretado desde las referencias de aquélla época, en la que la distancia entre clases y estamentos abría abismos insalvables, la primera interpretación esta alumbrada por el desprecio. En efecto, “dice este ignorante plebeyo que denuncia pero, con la literalidad de la jurisprudencia en la mano, no está denunciando. Osa alzar hasta el máximo tribunal del reino una zafia e imperita escribanía indigna de ser tomada siquiera en cuenta por tan elevada magistratura”. La segunda interpretación es, si cabe, más sustanciosa para el interés común, siéndolo la primera para la dignidad del humilde denunciante. “Dice formular denuncia”, frase escoltada por invisibles signos de admiración, significa “osa denunciar al Excmo. Sr. Presidente….” Y esta es la parte más esclarecedora del asunto. No es que el alto Tribunal desprecie innecesariamente (es decir, medievalmente), que lo hace, a un simple ciudadano, demarcando pulcramente el abismo entre clases y estamentos, sino que nos trasmite ocultamente las razones últimas de este oráculo: el miedo, no la deshonra jurídica que no podemos suponer a las personas que visten de tan alta magistratura. Viene a decir la ejemplar frase: “este pobre e ignorante hombre ha perdido el juicio. Estaríamos locos todos si continuáramos su disparate por donde dice la ley que podría (tal vez, debería) hacerse. Hagámosle un favor y cerremos a cal y canto la caja de Pandora que su necedad pretendía abrir”.

No importa que muy prestigiosos juristas (incluido un ex Presidente del Tribunal Constitucional) no sólo duden de la legalidad del real Decreto, sino que formulen hasta donde el jurisprudente temor aconseja, su manifiesta, casi grotesca, ilegalidad. Esto también pasaba en la Edad Media. El más alto Tribunal ha despachado la denuncia (al final de la providencia reconocen, será cosa de la Secretaria, que sí es una denuncia) y nadie osará replicar. No importa que ninguno de los hechos relatados fueran falsos, ni que, si se confirmasen, pudieran constituir delito. No hay nadie por encima del Alto Tribunal a quien un bajo plebeyo sin letras ni dineros pueda recurrir. Como muy antiguamente.

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